Precisiones inevitables ante una grave injuria
El presidente Alan García destituyó, vía resolución suprema, al señor Aurelio Pastor Valdivieso de su cargo como ministro de Justicia, tras los múltiples desatinos en el ejercicio de tan alta función.
Su salida del Gabinete no obsta, sin embargo, que formulemos indispensables precisiones en torno a las injuriosas y calumniosas declaraciones que el señor Pastor hizo poco antes de ser separado del Ejecutivo, las cuales constituyen una incitación contra los medios de comunicación y la libertad de expresión en el Perú; declaraciones que merecieron el enérgico rechazo de su propio partido.
Es inaceptable su mención a que El Comercio "pone en peligro la estabilidad democrática" y "busca la destitución de un ministro de Estado para defender sus intereses económicos". El Comercio es ajeno a los desatinos perpetrados por el Ministerio de Justicia con aval de malos elementos del Poder Judicial.
En las últimas semanas la prensa nacional ha informado ampliamente sobre las perniciosas consecuencias del irregular indulto concedido al delincuente José Enrique Crousillat.
Los detalles son de público conocimiento: a partir de ese indulto —defendido por el señor Pastor hasta el final— se sucedieron diversas acciones ilegales que inequívocamente apuntaron a apoderarse de América Televisión y a denunciar penalmente a 56 personas tratando de enturbiar lo que viene siendo un proceso transparente y exitoso de rescate empresarial.
En consecuencia, la opinión sobre que el señor Pastor debía asumir su responsabilidad política por la tramitación indebida de un indulto que inclusive fue revocado, se formuló por su condición de ministro de Justicia (y constitucionalmente asesor legal del Gobierno) y no por su persona o militancia partidaria.
El único interés de El Comercio es la defensa de la libertad de expresión, la gobernabilidad y la transparencia.
El Comercio se rige por su lema de Independencia y Veracidad, por sus principios rectores ampliamente conocidos y difundidos, así como por la ley. Por eso, y también por su contribución al debate democrático cotidiano, es reconocido como institución nacional y no es casual que mantenga su vigencia desde hace más de 170 años.
Es lamentable que quien hasta hace unas horas fungía como ministro de Estado pretendiera manipular a la opinión pública y hasta a sus propios compañeros partidarios, para rehuir sus responsabilidades.
Nuestro comportamiento, ceñido a la ética y al servicio de la defensa de la población, de los principios democráticos y los auténticos intereses nacionales, seguirá invariable.
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