sábado, 3 de julio de 2010

El pasado que no nos abandona

Un pasado que no se deja atrás

La mayoría de excarcelados por terrorismo trabaja en educación. Publican decreto que impide que condenados por sedición enseñen

Por: Martín León / Iván Herrera Orsi
Sábado 3 de Julio del 2010

Desde que Sendero Luminoso y el MRTA comenzaron sus acciones subversivas en los ochenta, sus militantes y seguidores han tenido diferentes destinos: murieron, se escondieron, dejaron la lucha armada o fueron a prisión. De los que recibieron sentencias por terrorismo, centenares ya se encuentran en libertad.

Según un documento que la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) elaboró en el 2009, 653 internos por terrorismo que ya fueron excarcelados (entre los años 1982 y 2007) fueron localizados en el sector público. Además, 299 trabajan en el sector privado o fueron contratados por personas naturales y 87 son pensionistas del Estado.

De los 653 que pertenecen al sector público, la mayoría (453) corresponde al sector Educación (en los niveles escolar, técnico y universitario) en todo el país. Esto representa el 69% del total.

El viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, afirmó a El Comercio que los excarcelados por terrorismo que están en su sector, en su mayoría, fueron reincorporados a las plazas que ocupaban antes de purgar condena, y que algunos son cesantes.

"Las personas que han sido reincorporadas cumplen sus labores normales. No hay ningún tipo de acción sobre ellos. Solamente la supervisión técnica que corresponde a sus superiores inmediatos, que deben reportar cualquier situación anormal al ministerio [de Educación]", dijo. El viceministro informó que, hasta la fecha, en su sector no se ha reportado el caso de un ex condenado por terrorismo que haya reincidido.

MEDIDAS RIGUROSAS
Pero el Ministerio de Educación quiere curarse en salud. Tal como se había anunciado en la víspera, ayer apareció en el diario oficial "El Peruano" un decreto supremo que prohíbe que aquellos que recibieron condenas por algún delito vinculado a la subversión ingresen o reingresen al sistema educativo. En el caso de los que actualmente ocupan un puesto de docente, se dispone que sean reubicados en funciones administrativas.

Asimismo se establece como causal de despido el realizar proselitismo político o actividades vinculadas a la subversión. Si un docente es destituido por este motivo, no podrá ser repuesto por más que el Ministerio Público o el Poder Judicial concluyan que es inocente.

La norma ya ha empezado a generar polémica. Algunos juristas han advertido que el decreto contiene visos de inconstitucionalidad, pero el Ministerio de Educación está dispuesto a dar la pelea. Su argumento es que tiene el deber de cautelar la idoneidad del personal y que la enseñanza requiere un compromiso con los derechos humanos y una cultura de paz.

También la parlamentaria aprista Mercedes Cabanillas ha salido a respaldar la norma. Ella afirma que esta responde al interés de la sociedad, que ve con preocupación que los niños puedan verse expuestos a la propaganda terrorista. Según lo ordenado, los órganos descentralizados del sector tienen 15 días para llevar a la práctica el decreto. Mientras tanto, el debate continúa.

MÁS DATOS
Los responsables
El informe de la Comisión de la Verdad califica a Sendero Luminoso como iniciador y responsable de la violencia que vivió el Perú. El documento recoge 17 mil testimonios de víctimas y familiares.

190
Excarcelados por terrorismo que trabajan en el sector Educación fueron absueltos, indultados o liberados porque no se hallaron méritos para un juicio oral

ANTECEDENTES
Por el Decreto Ley 25475, en julio de 1992, se permitió la utilización de "tribunales sin rostro" para que dirijan los juicios por terrorismo en la jurisdicción civil y posteriormente en la militar. En 3 años esos tribunales tramitaron 1.031 casos.

Luego, y en mérito de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se anulan, por Decreto Legislativo Nº 926, todos los procesos por delito de terrorismo seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta, que culminaron —según la Sala Nacional de Terrorismo— en 1.136 sentencias. Todos los acusados por actos subversivos tuvieron un nuevo juicio en el fuero civil.

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