El debate

Un debate que recién empieza

Los que critican el Decreto Supremo N° 019-2010-ED sostienen que es inconstitucional imponer restricciones a quien ya pagó por sus delitos en la cárcel. Para los que los defienden se trata de proteger a la sociedad.

Sábado 3 de Julio del 2010

"La finalidad de la norma es correcta, pero merece una revisión. Además la función pública se regula por ley, no por decreto supremo".
SAMUEL ABAD. CONSTITUCIONALISTA

Tras subrayar que nadie puede estar a favor del terrorismo, Abad sostiene que el decreto supremo tendría que ser respetuoso de la ley, y por lo mismo se debe revisar. El constitucionalista advierte que sería inconstitucional que no se reponga en un puesto a una persona destituida por una acusación luego de que se demuestre su inocencia en los tribunales.

El ex funcionario de la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por aquellos que sufrieron prisión por terrorismo, pero luego fueron indultados debido a que las denuncias eran infundadas. Estas personas también fueron condenadas, y de acuerdo con el decreto, estarían impedidas de ejercer la docencia, ya que el texto no hace distinciones.

"Si alguien ya cumplió su condena, no se le puede imponer una pena adicional. No se le puede castigar de por vida".
RAÚL FERRERO COSTA. CONSTITUCIONALISTA

Para este jurista no hay problema con que el sector Educación disponga como causal de despido la participación en actos vinculados al terrorismo. Sin embargo, opina que hay otros aspectos del decreto supremo que colisionan con la Constitución. Ese es el caso de la prohibición de que ingresen al sistema educativo los que en su momento fueron condenados por terrorismo. La Constitución afirma que uno de los propósitos del régimen penitenciario es reincorporar al sentenciado a la sociedad, señala.

Ferrero critica, además, que el Ministerio de Educación pretenda que sus sanciones por presunta participación en la subversión se mantengan a pesar de que el acusado sea absuelto en un juicio.

"Una persona que estuvo en contra de un Estado democrático no tiene derecho de participar en sus organismos".
JORGE MONTOYA. VICEALMIRANTE EN RETIRO

El ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas duda de que alguien pueda asegurar que los terroristas que cumplieron su condena estén efectivamente readaptados al salir de prisión. Por ello, a él le parece un riesgo que se les permita ingresar al sector público.

"En el sector privado es diferente, porque de alguna forma tienen que ganarse la vida, pero creo que es muy peligroso que estén en el sector público, ya que pueden usarlo como un vehículo para transmitir sus ideas", señala el vicealmirante.

Desde su punto de vista, los que han participado en organizaciones terroristas tienen que ser sancionados de alguna manera, aparte de cumplir su pena efectiva. Agrega que se les debe hacer seguimiento.

"El profesor tiene que transmitir ejemplo de vida. En las escuelas se forman niños, y estos aún no tienen criterio para discernir".
DOMINGO GARCÍA BELAUNDE. CONSTITUCIONALISTA

La posición del abogado Domingo García Belaunde es más favorable a la nueva disposición legal. Aunque aclara que para formarse una opinión definitiva necesitaría estudiar el tema con mayor detenimiento, García Belaunde afirmó que la medida le parece interesante.

Él reconoce que una persona que sale de prisión tras purgar condena ya pagó su deuda con la sociedad y, por tanto, tiene el derecho de continuar con su vida. No obstante, para él lo que debe primar es la necesidad de proteger a los niños que podrían verse expuestos a acciones proselitistas. Desde su punto de vista, lo que está en juego es la formación de los niños, los cuales todavía no tienen criterio suficiente para discernir entre los distintos mensajes que reciben