La fiscalización debe empezar por casa
No le crea a quienes se consuelan repitiendo que más bajo no se puede caer. Es un desafortunado cliché manoseado hasta el hartazgo. La realidad señala que siempre se puede estar peor.
La construcción es una de esas actividades que, por culpa de algunos, le disputa a nuestro mal querido balompié el dudoso honor de hacer cada día más profundo su descrédito. El miércoles fuimos testigos de cómo un obrero quedó atrapado en una obra tras un derrumbe, en pleno Cercado de Lima, y ante el peligro que corría su vida, un equipo de médicos tuvo que improvisar una sala de operaciones en el lugar del accidente para amputarle las piernas y poderlo rescatar. La irresponsabilidad de un propietario y la desidia de la autoridad nuevamente se constituyeron en una mezcla explosiva que le arruinó la vida a un muchacho de 27 años.
Al día siguiente, un pesado bloque de cemento cayó desde un edificio que se levanta en Surquillo y dañó seriamente un vehículo estacionado a pocos metros que, providencialmente, no se encontraba ocupado. Ese mismo jueves, los vecinos del malecón Paul Harris, en Barranco, se dieron con la sorpresa de que detrás de un cerco metálico que les impedía el paso, obreros de una empresa destrozaban las veredas, al parecer con el fin de habilitar un paso hacia la playa desde una edificación de su propiedad. Ante la lenidad de la comuna distrital, los propios pobladores de la zona se encargaron de derribar esa absurda barrera.
Hace algunos días, Capeco informó que apenas el 15% de las viviendas en Lima había sido levantado por empresas legales, el resto era fruto de la autoconstrucción o de firmas chicha.
Lo que no dice el gremio —o al menos no lo expresa con claridad— es que existen también compañías formales que se valen de extrañísimas acciones judiciales, misteriosos silencios administrativos o de los sempiternos líos entre los municipios distritales y la comuna metropolitana para meterse por los palos y hacer de las suyas, mientras el pobre vecino de a pie sufre las consecuencias de estos ilícitos. El caso de los edificios incrustados en los acantilados de Barranco, sin permiso de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, es el ejemplo más reciente de estas malas prácticas que favorecen a unos pocos en desmedro de la comunidad.
¿Las municipalidades, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen responsabilidad en estos entuertos? ¡Cómo negarlo! Pero que los constructores tampoco olviden la suya. La fiscalización debe empezar por casa.
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