El Estado y la sociedad puestos contra la pared
El espionaje telefónico realizado y comercializado por Business Track (BTR) ha llegado a un punto muerto tal, que nadie en el país sabe qué hacer con él. Ni los de arriba ni los de abajo.
Al paso que vamos, este delito agravado de violación del secreto de las comunicaciones está convirtiéndose en una nueva escandalosa frustración judicial y en una lección de parálisis del propio Estado, que siente que es llevado a una condición de desprotección total.
Impávida, la sociedad solo ve pasar la procesión.
No se trata solo de jueces y fiscales alejados de la agresividad investigativa que amerita el caso, sino de funcionarios de gobierno y parlamentarios de espaldas al control de daño de los efectos que una operación mafiosa de este tipo deja en las instituciones públicas y privadas hacia las que extendió sus tentáculos.
Hay algo peor: ni fiscales ni jueces ni parlamentarios ni procuradores públicos atinan a tomar el control del hilo de la madeja que apareció con los petroaudios, como derivación del espionaje telefónico y electrónico hecho por BTR con fines empresariales más cerrados.
¿Fiscales y jueces saben realmente lo que tienen entre manos después de testimonios como el de la procesada Giselle Giannotti que sostienen que unas evidencias se han borrado, que otras se han perdido y que algunas más habrían sufrido graves manipulaciones?
Si no saben lo que tienen entre manos tampoco saben lo que tienen que hacer.
Y ahora que se conformará una comisión del Congreso para investigar lo que fiscales y jueces no han investigado, ¿qué habría que esperar? ¿Una investigación por partida doble que de alguna manera rompe el principio constitucional de que el Congreso no puede asumir causas abiertas en el Poder Judicial?
Los procuradores (la defensa legal del Estado) demuestran con su silencio que no saben del tema y que tampoco les interesa.
Y a propósito de los "petroaudios", ¿qué pasó con Petro-Perú y sus directivos de entonces, con Perú-Petro y sus directivos de ayer y de hoy, y con los contratos y precontratos regados en el camino, entre lo que descuidó Quimper y lo que manejó hábilmente Rómulo León?
¿Qué hubo de Fortunato Canaán y sus contactos con el despacho de Salud de entonces y los proyectos de construcción de hospitales?
Si antes más de uno sabía mucho de esto, hoy nadie sabe nada de nada.
¡Qué desgracia! El Estado no sabe qué hacer frente a un hecho que lo violenta y lo saca de cuadro. Sus poderes coercitivos fiscales y judiciales no le sirven de nada.
Mano a mano, la impunidad y la impotencia hacen su trabajo diabólico.
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