POR LA NULIDAD DE LOS ACTOS DICTATORIALES
Condenado por un golpe
Como dice el famoso refrán "La justicia llega tarde, pero llega".
Hay una serie de casos históricos que confirman estas palabras, como el juicio al ciudadano Jean Calas en Francia, a quien gracias a una campaña espectacular de Voltaire se le hizo justicia después de muerto.
Ahora nos llega la noticia desde el Uruguay, país que actualmente goza de una sólida democracia, de las mejores del continente, pero que anteriormente sucumbió por el golpe desde Palacio de José María Bordaberry en 1973, apoyado por los militares que luego lo destituyeron en 1976 y se estableció una dictadura militar hasta 1985.
Estos militares con intención de permanecer en el poder convocaron a un referéndum para aprobar una nueva Constitución o ratificar la de 1966, que era presidencialista. El pueblo votó en contra de la reforma constitucional propuesta por los militares y luego ellos abandonaron el Gobierno.
Antes del golpe desde Palacio de Bordaberry, Uruguay tenía una robusta democracia con un sistema de gobierno similar al suizo, por eso se decía que era la Suiza de América. Bordaberry, quien había sido elegido presidente aprovechando un estado de violencia en el que operaba el grupo terrorista de los Tupamaru, decidió romper el orden constitucional.
La modalidad en que un presidente elegido da un golpe estando en Palacio, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se denominó en América Latina "bordaberrismo", aunque ella fue creada por Napoleón III y por eso antes se le conoció como "bonapartismo".
El "bonapartismo" nació de un acto inconstitucional que en Francia se llama "Coup de Palais" ("golpe desde Palacio"), para diferenciarlo de los golpes de Estado de los militares.
En el golpe desde Palacio el presidente "golpea" a los otros poderes del Estado, sobre todo al Congreso. Eso fue lo que hizo Fujimori en 1992 que, a partir de esa fecha, América Latina reconoció como "fujimorismo".
Por este hecho, Bordaberry ha sido condenado recientemente a 30 años de prisión, gracias a un fallo de primera instancia. Fujimori también ha sido condenado no solo porque dio un golpe desde Palacio, sino por otros delitos. Pero la importancia de ambas condenas guarda íntima relación con un hecho inicial: la violación del orden constitucional.
Los golpes de Estado, muchas veces aprobados por gran parte de los pueblos latinoamericanos, son un delito porque violan la ley: no una norma específica, sino la ley de leyes. Esta ilegalidad, desde el acto mismo que se produce, atenta contra la libertad y el legítimo derecho del pueblo a elegir su gobierno; autogobernarse y cambiar de gobierno en períodos señalados por la Constitución.
Este delito debe ser condenado y el pueblo, como dicen muchas constituciones, tiene derecho a insurgir contra un dictador que es usurpador. Le usurpa el poder al gobernante legítimamente constituido, igualmente a los parlamentarios y al pueblo que es el depositario del poder. Este lo otorga a las autoridades con plazo determinado, a diferencia de las dictaduras.
En una democracia sabemos cuándo entra y cuándo sale una autoridad. En una dictadura sabemos cuándo entra, pero no cuándo sale. Por lo general, los dictadores son arrojados del poder por rebeliones populares, pero hay algunos que se quedan hasta morir y se dan el lujo de nombrar, por supuesto a dedo, a quien lo sucederá, que por lo general es el hijo o el hermano del dictador.
Pero al margen de que está muy bien que se condene al dictador por violar la Constitución, debería introducirse en las constituciones latinoamericanas un artículo que declare nula toda norma expedida por un gobierno de facto.
De esta manera, la condena política estará respaldada por la ley, tendría validez jurídica. Serviría como advertencia para quienes se animen, abusando del poder, a permanecer en el Gobierno y ponerse por encima del orden constitucional y del derecho que goza, en una democracia, la voluntad ciudadana.
(*) Director
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